El trágico incendio en el centro de rehabilitación «Volver a Vivir» en Guanajuato ha dejado un saldo devastador de 13 víctimas mortales, tras la reciente confirmación del fallecimiento de otro paciente que se encontraba hospitalizado por graves quemaduras. La tragedia, que tuvo lugar la madrugada del 1 de junio en el municipio de San José Iturbide, comenzó mientras 23 internos dormían. Las llamas se propagaron rápidamente, resultando en la muerte instantánea de 12 personas, y dejando a otros tres con lesiones de gravedad.
Las investigaciones preliminares sugieren que el fuego fue provocado intencionalmente desde el interior de la clínica, y de acuerdo con las autoridades, el individuo responsable del siniestro también era un interno del establecimiento, quien lamentablemente perdió la vida en el incidente. Sin embargo, los detalles sobre las circunstancias que rodean el inicio del incendio aún no han sido revelados, lo que ha generado un clima de incertidumbre y especulación entre los familiares y la comunidad.
El centro de rehabilitación, que operaba sin la debida legalidad, era administrado por el primo del alcalde de San José Iturbide, Edgar Montes de la Vega. En respuesta a las críticas y acusaciones de corrupción, el edil ha reiterado que «nadie está por encima de la ley» y que su familia no debe ser protegida por su posición. Además, Montes de la Vega ha señalado que la anterior administración entregó permisos sin respetar los requisitos legales, lo que pone en entredicho la supervisión adecuada de tales instituciones.
La tragedia en «Volver a Vivir» pone de manifiesto la preocupante situación de muchas clínicas de rehabilitación en México, donde la falta de regulación y las irregularidades son comunes. Grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado reiteradamente las condiciones inhumanas en las que operan estos centros, donde las prácticas violentas y la falta de atención a los derechos de los pacientes son una constante. Este incidente podría ser un llamado de atención para las autoridades sobre la necesidad urgente de regular y fiscalizar adecuadamente estos establecimientos.
Como resultado de esta calamidad, se ha abierto un debate sobre la responsabilidad política y social de los centros de rehabilitación. La combinación de incapacidades legales y corrupción resalta la urgencia de establecer normativas claras que garanticen la seguridad y bienestar de los pacientes que buscan ayuda. La comunidad y los organismos de derechos humanos esperan que esta tragedia conduzca a cambios significativos en la regulación de los centros contra adicciones en Guanajuato y en todo el país, promoviendo un entorno más seguro y humano para aquellos que luchan contra la adicción.
