Finalmente, este martes se publicó el esperado informe de la Contraloría General de la República, que arroja luz sobre el preocupante uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. El documento revela que un total de 2.982 funcionarios habrían viajado al extranjero aprovechándose de estas licencias, lo que pone en cuestión la integridad y el uso responsable de los sistemas de salud en estas instituciones.
El informe señala específicamente que, entre los años 2023 y 2024, se revisaron 534.356 licencias médicas, de las cuales se detectaron 202.305 salidas y entradas al país. Según el consolidado de información presentado en el CIC Nº14 de 2025, las cifras son alarmantes: 3.536 entradas y salidas corresponden a funcionarios de Gendarmería, mientras que 3.180 a Carabineros, 1.620 al Ejército, 300 a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), 290 a la PDI y 74 a la Armada.
Particularmente preocupante es la revelación de que 26 funcionarios han registrado entre 20 y 35 entradas y salidas del país, mientras que 9 se destacan por tener 36 o más. Estas cifras sugieren un patrón de abuso que no solo afecta la percepción pública de estas instituciones, sino que también podría tener implicaciones legales y administrativas para los involucrados, dado que las licencias médicas están diseñadas para garantizar la salud y el bienestar de los funcionarios.
La Contraloría General de la República ha dejado claro que la vigilancia sobre el uso de licencias médicas es fundamental para fomentar la transparencia dentro de las instituciones públicas. Con estos hallazgos, la CGR fija un precedente sobre la necesidad de fortalecer los controles internos y garantizar que los beneficios de salud no sean utilizados de manera fraudulenta. Este informe es un llamado a la acción para que las respectivas autoridades tomen medidas que garanticen un uso legítimo de las licencias médicas.
Este escándalo pone de manifiesto la importancia de la ética en el servicio público y plantea preguntas sobre cómo se puede mejorar la supervisión de las licencias médicas en las organizaciones armadas y de seguridad. Los ciudadanos esperan que se tomen medidas adecuadas para sancionar el mal uso detectado y se implementen mecanismos que prevengan futuros abusos, asegurando así la confianza en las instituciones que tienen la responsabilidad de proteger la seguridad del país.
