Un reciente reportaje del medio El Informador Chile ha destapado una controversial situación en el ámbito judicial chileno, al revelar el caso de Margarita Villegas Lagos, la única mujer condenada por pederastia dentro de un grupo de 56 hombres beneficiados con rebajas de condena. Villegas, quien en 2012 fue condenada a 15 años de cárcel por violación y abuso sexual de menores de 14 años en el Colegio Apoquindo de Las Condes, ha generado indignación y consternación debido a su reciente liberación anticipada, la cual ha sido objeto de intensas críticas y cuestionamientos públicos.
Las atrocidades cometidas por Margarita Villegas, junto a su esposo Esteban Moya, incluían la agresión sexual de al menos cuatro alumnos, a quienes llevaban a su hogar ubicado dentro del recinto educativo. Este horrendo caso conmocionó a la comunidad en su momento, y la condena impuesta parecía ser un intento de justicia para las víctimas. Sin embargo, la reciente aprobación de una reducción en su pena plantea dudas sobre el sistema judicial y su compromiso con la protección de los menores.
Desde 2022, Villegas había comenzado a tramitar diversas solicitudes de reducción de condena, las cuales fueron sistemáticamente rechazadas hasta que, en abril de 2026, la Corte Suprema dictó una decisión que le permitió beneficiarse de una rebaja de 16 meses en su pena. Esta medida sorprendió a muchos y expone un vacío en el proceso judicial, dado que su esposo ya había recuperado su libertad en 2021 gracias a un beneficio similar. La situación se torna más compleja con el papel que jugó el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien previamente había defendido al Colegio Apoquindo en demandas interpuestas por las víctimas.
Rabat, en su rol como abogado, representó a uno de los propietarios del colegio frente a las demandas que los padres de las víctimas habían presentado en busca de justicia y compensación económica. Las familias, que exigían una indemnización de $6.400 millones, se encontraron con un duro proceso judicial que desembocaría en un monto considerablemente reducido a $570 millones. Este trasfondo genera aún más irritación entre la sociedad, al ver la conexión de Rabat con el caso y su posterior nombramiento como Ministro de Justicia.
La polémica generada por los beneficios de reducción de condena a Villegas ha encendido un debate en la opinión pública sobre los derechos de las víctimas, la efectividad del sistema de justicia y la existencia de posibles favoritismos en el manejo de casos sensibles. Los padres de las víctimas han expresado su frustración y han exigido revisiones al sistema que permita que hechos tan graves como los cometidos por Villegas y Moya reciban el castigo correspondiente, sin la posibilidad de atenuar penas que, para muchos, son insuficientes para reparar el daño causado a los menores involucrados.
