El escándalo por pinchazos ilegales ha tomado un nuevo giro en Chile con la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura. Esta decisión fue anunciada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien ha enfatizado el compromiso de la Fiscalía en garantizar procesos justos y la confianza de la ciudadanía. La investigación, que trata sobre irregularidades en convenios y financiamiento político, ahora queda en manos de Juan Carlos Bekios, llevando la atención hacia Antofagasta y aumentando la presión sobre las acciones del Ministerio Público.
La salida de Cooper se produce tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de amparo interpuesto por Josefina Huneeus. La expsiquiatra del presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín denunció que la Fiscalía había violado su privacidad al interceptar sus conversaciones telefónicas, a pesar de ser considerada testigo en el caso y no imputada. Esta sentencia ha despertado fuertes críticas hacia el manejo de la investigación y ha puesto en duda la legalidad de las acciones realizadas por el fiscal Cooper.
El Ministerio Público defendió inicialmente los pinchazos, alegando sospechas de que Huneeus pudiera estar involucrada en fraudes y tráfico de influencias. Sin embargo, la Corte calificó las intervenciones como «groseramente ilegales», validando las preocupaciones de Huneeus sobre su derecho a la privacidad. A través de un comunicado, se ha dejado claro que las conversaciones interceptadas incluían diálogos con su madre y con el propio presidente, lo que añade un contexto político sensible a esta situación.
Con la reasignación del caso a la Fiscalía Regional de Antofagasta y la designación del fiscal Bekios, se busca asegurar la continuidad y objetividad de la investigación. Valencia ha subrayado la necesidad de atender la gravedad del asunto y el interés público en el manejo adecuado de los trámites en curso. Además, se ha solicitado un informe detallado a Cooper sobre los fallos judiciales recientes, lo que indica un esfuerzo por corregir eventuales errores en la investigación que podrían comprometer la legitimidad del proceso.
La remoción de Patricio Cooper y las decisiones de la Corte de Apelaciones son indicativos de un sistema judicial en tensión, donde la protección de la privacidad y el respeto a la ley se enfrentan a la lucha contra la corrupción. La Fiscalía ha reiterado que su principal objetivo es proteger la confianza ciudadana, lo que se vuelve un reto creciente en medio de los escándalos políticos y las implicaciones en la administración de la justicia. Como lo expresó el Ministerio Público, la integridad del sistema de persecución penal debe prevalecer ante los desafíos y críticas que surjan en el camino.
