El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado una ampliación presupuestal de mil 511 millones de pesos para poder llevar a cabo las operaciones necesarias en el marco de la próxima elección judicial. Sin embargo, ha recibido únicamente la mitad de esta cantidad, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad del organismo para cumplir con sus obligaciones. A pesar de esta situación, el INE ha asegurado que la instalación y operación de los 84 mil 220 casillas seccionales no se verán comprometidas. Esta decisión es vital para garantizar la continuidad de los procesos electorales, que son fundamentales para la democracia en el país.
La preparación para la elección judicial implica gastos significativos, que incluyen la impresión de 602 millones de boletas, lo que representa un costo aproximado de mil 200 millones de pesos. A pesar de los recortes, figuras clave dentro del INE han manifestado su confianza en que la operación de las casillas se llevará a cabo sin contratiempos, sin embargo, la consejera Dania Ravel ha expresado la necesidad de analizar las áreas que se verán afectadas por la falta de recursos, apuntando a una posible vulnerabilidad en otros aspectos fundamentales del proceso electoral.
Jorge Montaño, otro de los consejeros del INE, ha sido contundente al advertir que la falta de recursos podría tener graves repercusiones sobre la democracia en el país. En particular, hizo hincapié en la situación de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), argumentando que la falta de financiamiento podría conducir a un «suicidio democrático y político» en estados donde se requieren esfuerzos coordinados, como es el caso de Nayarit. Esto resalta la importancia de asegurar financiamiento adecuado para que todas las instancias electorales puedan funcionar de manera eficiente.
Para garantizar la integridad y la transparencia del proceso electoral, el INE ha implementado diversas medidas de seguridad en la gestión de las listas nominales que se utilizarán en la elección judicial. Estas medidas incluyen la elaboración de cuadernillos que contienen fotografías y nombres de los electores, organizados de manera alfabética por distrito y sección electoral. El objetivo es mejorar la seguridad y la transparencia tanto a nivel federal como en más de la mitad de los estados, asegurando que los electores puedan ejercer su derecho al voto de forma segura.
A medida que se acerca la fecha de la elección judicial, el INE continua trabajando para optimizar sus recursos y asegurar el correcto funcionamiento de las casillas. Sin embargo, la incertidumbre generada por el recorte presupuestal más grande en la historia del INE plantea interrogantes sobre el futuro de la organización y su capacidad para llevar a cabo procesos electorales de calidad. La atención ahora está puesta en cómo se gestionarán los recursos disponibles y cuáles serán las implicaciones en la organización electoral en el corto y mediano plazo.
