Un gravísimo caso de abuso sexual se ha destapado en el Centro de Internación Provisoria de Punta Arenas, donde una funcionaria fue sorprendida en un acto sexual con un menor de edad interno. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos, cuando la tutora fue vista en pleno acto comprometedor. El fiscal Oliver Rammsy explicó que la situación llegó a la atención de sus colegas, quienes no dudaron en actuar ante la irregularidad, señalando la vulnerabilidad del menor en este contexto.
A raíz de la denuncia, la funcionaria fue arrestada y el Ministerio Público tomó el control del caso, designando a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo las indagaciones correspondientes. En una rápida respuesta, este martes la acusada fue formalizada por el delito de abuso sexual, con la agravante de estupro, lo cual plantea un panorama grave no solo por la naturaleza de los actos cometidos, sino también por el rol de confianza que la funcionaria ocupaba.
Durante la formalización, el fiscal Rammsy enfatizó que la funcionaria ya había sido objeto de advertencias reiteradas sobre la necesidad de mantener un comportamiento adecuado en su trabajo. La falta de cumplimiento de estas advertencias ha llevado a consecuencias severas, incluyendo la solicitud de prisión preventiva que fue aceptada por el juez de garantía. Esta medida tiene como objetivo proteger tanto a la víctima como a otros menores dentro de la institución, ante la posibilidad de que la funcionaria pueda entorpecer la investigación.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil actuó de inmediato, suspendiendo a la tutora de sus funciones y comenzando a implementar medidas administrativas que buscan asegurar el bienestar de los internos. Esta situación no solo plantea serias cuestiones sobre la integridad de los procedimientos dentro de estas instituciones, sino que también destaca la necesidad de una revisión profunda de las políticas de seguridad y vigilancia en centros de internación juvenil.
Los hechos han generado un fuerte impacto en la comunidad y en las instancias gubernamentales que supervisan el sistema de justicia juvenil. La estructura de protección de los menores en estos centros ha sido cuestionada, y muchos piden una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y supervisión. Este caso no solo es un llamado de atención sobre la gravedad de la situación, sino también sobre la importancia de garantizar un entorno seguro para todos los jóvenes en proceso de reinserción y rehabilitación.
