En una reciente decisión, el Tribunal Oral en lo Penal de Calama condenó a Raúl Antonio Alarcón Hermosilla a una pena de cinco años y un día de presidio menor en grado medio por la tenencia ilegal de armas de fuego, un delito previsto en la Ley 17.798. Según los informes de PitvCalama Noticias, Alarcón fue encontrado culpable de este crimen tras una cuidadosa investigación que evidenció la posesión indebida de armamento, el cual fue descubierto el 19 de diciembre de 2023 en su domicilio en Calama.
Además de la condena por tenencia de armas, el tribunal impuso a Alarcón una pena de 800 días de presidio menor en grado medio por ser autor del delito de tenencia de municiones. Las municiones, que incluían cartuchos de diversos calibres, fueron halladas durante el operativo realizado en su vivienda fiscal, lo que aumentó las preocupaciones sobre su conducta como funcionario público de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
El caso tomó un giro aún más serio cuando se reveló que Alarcón también fue condenado a 800 días de presidio menor por tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. La Fiscalia Local de Calama, en colaboración con la Sección OS-7 El Loa de Carabineros de Chile, detectó la relación de Alarcón con la organización criminal conocida como Tren de Aragua, especialmente con un grupo específico conocido como ‘Los Piratas’, implicado en actividades delictivas como secuestros y extorsiones.
Durante el juicio, se presentaron pruebas que vinculaban el domicilio de Alarcón con actividades delictivas, incluyendo el intercambio de especies con individuos relacionados con estas organizaciones criminales. Se destacó la llegada del líder de ‘Los Piratas’, conocido como ‘el chino’, a su residencia, lo que permitió a las autoridades incautar un arsenal que incluía una pistola convencional, un fusil tipo Airsoft, y marihuana desmenuzada, así como una suma considerable de dinero en efectivo.
La noticia de la condena a Alarcón generó gran revuelo a nivel político y social, alcanzando al diputado Sebastián Videla Castillo, quien exigió una reunión urgente con el general de aviación Carlos Madina Díaz, director de la DGAC. Videla manifestó su preocupación por los lazos del funcionario con una organización criminal y solicitó medidas inmediatas para garantizar la seguridad en el aeropuerto de Calama, enfatizando la necesidad de evitar que funcionarios públicos sean cómplices de actividades ilegales que ponen en riesgo a la comunidad.
