El Juzgado de Garantía de Coyhaique formalizó este domingo a tres cabos del Ejército y un civil, quienes fueron arrestados con más de 11 kilos de marihuana en la comuna de Puerto Aysén, Región de Aysén. La audiencia se llevó a cabo en horas de la tarde y estuvo a cargo de la jueza Dalia Illesca, quien escuchó los argumentos presentados por la fiscal María Inés Núñez. Los imputados, cuya edad oscila entre los 20 y 32 años, fueron acusados de ser autores ejecutores del delito de tráfico de drogas, un hecho que ha generado gran sorpresa en la comunidad debido a la implicación de miembros del Ejército en actividades ilegales.
A raíz de las evidencias expuestas durante la formalización, la magistrada decidió imponer prisión preventiva a un militar y un civil, mientras que los otros dos cabos del Ejército quedaron bajo arresto domiciliario y con medida de arraigo nacional. Esta disposición subraya la gravedad del delito y la necesidad de asegurar la presencia de los acusados durante el proceso judicial, considerando el potencial riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
El caso ha captado la atención de las autoridades y de los medios de comunicación, no solo por la cantidad de droga involucrada, sino también por el hecho de que los acusados son miembros activos de las fuerzas armadas. El Ministerio Público, al enterarse de la resolución del Juzgado de Garantía, presentó una apelación solicitando que se revocara la medida cautelar impuesta a los cabos, con el fin de que todos los involucrados fueran sometidos a prisión preventiva de forma inmediata.
La jueza Illesca, tras evaluar la solicitud, determinó que los cuatro imputados debían permanecer bajo custodia hasta que la apelación fuera revisada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. De esta forma, el proceso judicial continúa avanzando, y se espera que la decisión de la corte sea comunicada en el transcurso de los próximos días, lo que podría definir el futuro de los acusados.
En cuanto a las condiciones de detención, se informó que los funcionarios del Ejército permanecerán recluidos en el Regimiento N° 8 «Chiloé», lugar donde desempeñaban sus funciones antes de ser llevados a cabo los arrestos. El Juzgado de Garantía estableció un plazo de 75 días para la investigación del caso, un tiempo que el fiscal Núñez espera aprovechar para reunir más pruebas y esclarecer todos los aspectos de este escandaloso episodio que involucra a miembros de las fuerzas armadas de Chile.
