La agresión sufrida por la periodista Carolina Sandoval en enero de 2021, en medio de la crisis social y sanitaria que atraviesa Chile, ha resurgido como un símbolo de la lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Durante ese periodo, miles de chilenos se manifestaron en las calles, demandando justicia y mejoras sociales, en un movimiento que comenzó en octubre de 2019 con un estallido social que cuestionó el modelo neoliberal del país. La imputación del carabinero Jorge Sanzana por el ataque a Sandoval marca un precedente en la necesidad de rendir cuentas por el uso excesivo de la fuerza en un contexto de protesta.
El suboficial mayor Sanzana fue formalmente acusado en abril de 2021, tras ser señalado por utilizar un carro lanzaguas que impactó de manera violenta a Sandoval durante la cobertura de una manifestación en el Parque Balmaceda. De acuerdo con la abogada Mariela Santana, el impacto del chorro de agua a corta distancia no solo provocó lesiones físicas a la periodista, sino que también representa una violación grave a los derechos de los comunicadores y a la libertad de prensa. Este incidente pone de manifiesto la crítica situación de los periodistas en Chile, quienes enfrentan un riesgo constante al ejercer su labor en contextos tensos.
La defensa ha argumentado que este caso se inscribe en un patrón de apremios ilegítimos por parte de las fuerzas policiales, quienes tienen protocolos específicos para el tratamiento de los medios de comunicación que, en este caso, fueron evidentemente ignorados. La situación de Sandoval suscita interrogantes sobre cómo la institución de Carabineros ha abordado sus responsabilidades hacia la prensa, exacerbando el clima de desconfianza hacia la policía en situaciones de manifestación pública, mientras se intensifican las llamadas a una reforma sustantiva de las fuerzas de seguridad en Chile.
Medios masivos y plataformas de defensa de derechos humanos, como Resumen Latinoamericano, han denunciado un patrón sistemático de violencia estatal contra periodistas, subrayando la necesidad de mayor protección a los comunicadores en el país. Este mismo año, el asesinato de la reportera Francisca Sandoval, durante un evento de cobertura informativa, ha reavivado el debate sobre la protección de la labor periodística. A pesar de que en este último caso los perpetradores no fueron Carabineros, las críticas sobre la falta de investigaciones adecuadas persisten, dejando en evidencia la desprotección a la que están expuestos.
El caso de Sandoval resuena con la denuncia de los compañeros de Francisca, quienes han exigido justicia y esclarecimiento total sobre los hechos que rodearon su asesinato. «Hubo más de un tirador y otros compañeros también fueron heridos», señalaron desde Señal 3 Victoria, reflejando una denominada impunidad que pone en peligro no solo la labor de los periodistas, sino también los cimientos de la democracia en Chile. En este contexto, la impunidad y la falta de respuesta efectiva por parte de la Fiscalía siguen representando un fiel indicador de la crisis que atraviesa el país en materia de derechos humanos y la protección de la libertad de prensa.
