El abogado de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, ha realizado graves acusaciones sobre lo que él llama una “capotera institucional” en contra de su defendida, quien es exministra de la Corte Suprema. Durante la tercera jornada de la formalización del caso, Valladares apuntó directamente al Ministerio Público y al Poder Judicial, sugiriendo que ambos organismos han confluido en una persecución indebida en base a informaciones poco sólidas. Según el abogado, la investigación nacía de menciones en conversaciones de WhatsApp y esto, asegura, es un fundamento insuficiente para la magnitud del caso en cuestión, lo que sugiere una falta de sustento procesal en los procedimientos que se han llevado a cabo hasta ahora.
Valladares enfatizó la importancia del debido proceso penal, argumentando que no se han cumplido los estándares mínimos requeridos para llevar a cabo tales acusaciones. «Lo que estamos sosteniendo, y para que no haya margen de duda, es que no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal. Y si no se reúne eso, entonces no puede ser utilizado», afirmó enérgicamente. Esta declaración resalta la preocupación de la defensa sobre las implicaciones que podría tener una acusación basada en pruebas tan frágiles.
El abogado Valladares continuó su crítica señalando que se está hablando de la máxima autoridad judicial del país, haciendo alusión a las votaciones dentro del tribunal que anteriormente habían llevado a la destitución de Vivanco. Mencionó que varios ministros que formaron parte de esas decisiones también habían votado en casos que posteriormente se relacionaron con el escándalo de Belaz Movitec, lo que, desde su perspectiva, afectaría la imparcialidad de la justicia en este caso. La defensa de Vivanco está plantando un desafío no solo a la legalidad de la acusación, sino a la legitimidad de las instituciones involucradas.
Al expresar sus preocupaciones, Valladares también invocó el nombre del fiscal nacional, Ángel Valencia, sugiriendo que este no había actuado solo y que había un equipo considerable detrás de las resoluciones, como el director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos Lucero, y el abogado de la redacción de documentos, Hernán Libedinsky Moscovich, quien ocupa actualmente el cargo de fiscal regional en Aysén. Esto sugiere que las decisiones tomadas por el Ministerio Público no eran un acto aislado, sino que reflejaban una supuesta estrategia más amplia que implicaba a diferentes niveles de la fiscalía.
Finalmente, el abogado concluyó su exposición afirmando que ha habido una verdadera
camotera institucional, insinuando que la persecución de Vivanco se basa en reportes de los medios, más que en evidencias concretas. Este término que utilizó busca manifestar la desconfianza en el sistema judicial y en su capacidad para llevar a cabo un proceso justo, lo que plantea un debate crucial sobre la naturaleza y la función de las instituciones encargadas de la justicia en el país. La defensa de Vivanco no solo está luchando por la inocencia de su cliente, sino también cuestionando la integridad del proceso judicial en su totalidad.
