Los recientes conciertos de Bad Bunny, realizados el pasado fin de semana en el Estadio Nacional, han desatado una serie de controversias y críticas por parte de los residentes de Ñuñoa. Estos vecinos han denunciado haber sufrido una serie de inconvenientes, tales como quedar encerrados debido a los amplios perímetros de seguridad que se instalaron en la zona. Con la presencia de personal de seguridad que no eran carabineros y la instalación de rejas, los residentes se vieron obligados a enfrentarse a severas restricciones en la movilidad, lo que generó un profundo malestar y un sentido de vulnerabilidad en la comunidad.
Desde el viernes por la tarde, los vecinos notaron que se implementaron fuertes controles de acceso. Testimonios de los lugareños indican que se exigían comprobantes de domicilio incluso para que los peatones pudieran transitar por espacios públicos, lo que dejó a muchos ciudadanos atrapados en su propia comunidad. Las restricciones no solo afectaron a los residentes, sino que también complicaron el funcionamiento del transporte público y dificultaron el acceso de vehículos de emergencia, poniendo en riesgo la seguridad y la respuesta rápida ante cualquier situación que pudiera surgir.
Javier Cuadra, representante de la junta de vecinos N.º 29, tomó la palabra para expresar el malestar general y anunció que se está evaluando una demanda colectiva contra la Delegación Presidencial Metropolitana, liderada por Gonzalo Durán, la cual fue responsable de autorizar eventos de tal magnitud en zonas residenciales. Cuadra argumentó que «nos vulneraron nuestros derechos, nuestra privacidad y se adueñaron de un espacio que es público», reflejando la indignación de muchos ante la falta de consideración hacia las necesidades de la comunidad.
La situación ha generado repercusiones a nivel municipal, donde el alcalde Sebastián Sichel ha mostrado su descontento. Sichel ha señalado que el derecho de los ciudadanos a vivir en sus hogares se ve seriamente afectado por la celebración de eventos masivos. Durante los recitales de Bad Bunny, se reportaron complicaciones en el tránsito de camiones de basura, ambulancias y otros vehículos de emergencia, lo que llevó al alcalde a solicitar la inclusión del municipio en la administración del Estadio Nacional y establecer un límite en la cantidad de eventos que pueden realizarse mensualmente.
Por su parte, la Delegación Presidencial Metropolitana defendió la realización de los conciertos, presentándolos como una “fiesta en la ciudad”, según se reflejó en su cuenta de Instagram. Gonzalo Durán, delegado presidencial, promovió la idea de que Santiago recibió a Bad Bunny con entusiasmo, lo que contrasta con el sentir de los vecinos que reclaman un enfoque más balanceado entre la celebración de eventos culturales y el respeto por los derechos de los ciudadanos que habitan en la cercanía de tales espectáculos. La situación actual resalta la necesidad de un diálogo más efectivo entre las autoridades y la comunidad para encontrar soluciones adecuadas y respetuosas.
