La reciente investigación del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello revela un alarmante crecimiento del comercio ilegal en Chile, que ha dejado de ser únicamente una manifestación de informalidad económica. De acuerdo con los datos colectados, entre 2020 y 2025, los casos registrados a nivel nacional se incrementaron en un 15%, llegando a un total de 13.491 incidentes. La situación es aún más preocupante, ya que se reportó un pico en 2023 con 14.727 casos, lo que refleja una tendencia alarmante que plantea nuevos desafíos tanto para las autoridades como para la ciudadanía.
Además del crecimiento en cifras absolutas, el estudio destaca cómo el comercio ilegal se ha entrelazado con el crimen organizado, siendo utilizado por estructuras delictivas para financiar operaciones, hacerse con el control de territorios y diversificar sus ingresos. Este fenómeno ha evolucionado, adaptándose a las características económicas y logísticas de diferentes regiones. En particular, el Observatorio señala que el incremento no se distribuye de manera uniforme, con aumentos dramáticos en lugares como Antofagasta, que vio un aumento del 345%, mientras que otras regiones han experimentado disminuciones.
A nivel comunal, la investigación detectó que un 60% de los casos registrados en 2025 se concentran en solo diez comunas, destacando ciudades como Rancagua, Coquimbo y Antofagasta. Estos territorios han visto no solo un incremento en la actividad comercial ilegal, sino también un cambio en la dinámica social, donde la presencia de organizaciones criminales se hace más notoria. Las ciudades afectadas han pasado a ser el epicentro de un problema que encuentra raíces en la vulnerabilidad económica y la informalidad laboral, permitiendo la expansión de prácticas delictivas.
Uno de los hallazgos más inquietantes del estudio es la interrelación del comercio ilegal con otras economías ilícitas, entre las que se incluye el tráfico de drogas. Con un incremento del 35% en el tráfico de sustancias durante el mismo período, el informe revela una correlación del 78% entre ambos fenómenos. Esto plantea un contexto compartido que favorece el desarrollo de un entorno urbano precario, donde el crimen organizado puede operar con impunidad, fomentando la necesidad de un enfoque integral que reconozca no solo el comercio ilegal como un problema económico, sino también como un dilema de seguridad pública.
El informe concluye enfatizando la urgencia de que el Estado implemente acciones firmes para enfrentar este desafío. Se sugiere fortalecer las capacidades de fiscalización y edición territorial, así como la recuperación del espacio público que ha sido invadido por dinámicas de crimen organizado. Las políticas deben estar orientadas a reducir las condiciones que permiten que estas economías ilícitas florezcan, con una mirada a la seguridad de los ciudadanos y la restauración del orden público en las zonas más afectadas.
