La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en colaboración con la Fiscalía de Valparaíso, se encuentra investigando un grave caso de abuso sexual que involucra a una pareja acusada de cometer delitos contra sus nueve hijas. Según reporta T13, la detención de los padres tuvo lugar el 15 de enero y, al día siguiente, se formalizó la acusación judicial contra ellos, quienes desde entonces se encuentran en prisión preventiva. El fiscal Álvaro Mansilla ha destacado la complejidad del caso, que involucra no solo la protección de las víctimas, sino también el desmantelamiento de la dinámica de control y abuso que mantenían los imputados.
Las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 20 años, fueron mantenidas en una situación de aislamiento extremo. Según el fiscal, los padres operaban en un contexto que podría describirse como una secta, desescolarizando a sus hijos e impidiéndoles la comunicación con el mundo exterior. Este entorno ha dificultado aún más las condiciones en las que estas niñas y el niño han Crecido, dejándolos vulnerables y desprovistos de los cuidados básicos y protección ante posibles abusos.
La denuncia fue presentada por familiares de las víctimas a Carabineros en 2024, lo que condujo a una exhaustiva investigación por parte de la Brigada de Delitos Sexuales. Los hechos que se están investigando han tenido lugar entre 2020 y 2023, lo que evidencia la larga duración del sufrimiento de las víctimas, quienes habrían sido sometidas a abusos sexuales reiterados y maltrato habitual. La fiscalía ha calificado los delitos como extremadamente graves, no solo por el número de víctimas, sino también por la relación de confianza que existía entre los acusados y sus hijas.
El hombre ha sido formalmente acusado de ser el autor de los delitos de abuso sexual reiterado contra cinco de sus hijas, así como de maltrato habitual y amenazas en un contexto de violencia intrafamiliar. La madre, por su parte, ha sido acusada de complicidad en los abusos sexuales y de ser autora del maltrato habitual respecto a todos sus hijos. La naturaleza de los delitos y el contexto familiar han provocado un fuerte impacto en la comunidad local, que exige justicia y una respuesta contundente por parte de las autoridades.
El tribunal ha considerado a ambos imputados como un peligro para la seguridad de la sociedad y, particularmente, para la seguridad de sus propias hijas, motivo por el cual se ha dictado su prisión preventiva. La investigación ha avanzado de manera significativa y se espera que se concluya en un plazo estimado de 60 días. La situación ha resaltado la importancia de dar voz a las víctimas de abuso, y se espera que este caso permita una reflexión más profunda sobre las medidas de protección para los menores en situaciones de vulnerabilidad.
