La controversia sobre la construcción de viviendas en las Áreas de Preservación Ecológica (APE) en Chile ha alcanzado una nueva dimensión, destacando la necesidad de un enfoque coherente y legalmente sólido en la gestión territorial. El Derecho Real de Conservación (DRC), establecido en 2016, se presenta como una alternativa prometedora para resolver el dilema entre la preservación del medio ambiente y el derecho a la vivienda. Este instrumento legal permite a los propietarios de terrenos rurales firmar contratos que protegen el patrimonio ambiental, lo que podría equilibrar las demandas de los propietarios de terrenos agrícolas y los requisitos de conservación impuestos por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Sin embargo, la falta de claridad en la interpretación de las normativas ha llevado a confusiones y decisiones judiciales erróneas que afectan a cientos de ciudadanos.
El conflicto se intensificó tras un fallo de primera instancia que aprobó la construcción de viviendas en terrenos clasificados como APE, contradiciendo explícitamente el PRMS y la interpretación de la Contraloría General de la República. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu), al sostener por años que estas construcciones eran admisibles, ha creado una expectativa normativa que ahora resulta insostenible. De hecho, varios pronunciamientos de la Seremi han alimentado la confusión, impulsando a muchos propietarios a proceder con la compra y edificación en terrenos que, sin embargo, estaban destinados a la conservación. Esta actuación ha llevado a la necesidad de reconsiderar las políticas actuales y buscar soluciones que respeten tanto los derechos de los propietarios como la integridad de las áreas ecológicas.
El caso de la familia Atria, quien logró edificar lujosas viviendas en un terreno APE tras recurrir a influencias políticas, es un claro ejemplo del caos administrativo existente. Este episodio no solo ilustra los posibles abusos en la aplicación de la normativa, sino que también pone de relieve la urgencia de revisar los criterios vigentes del Minvu. Las discrepancias en las decisiones administrativas han fomentado la desconfianza en la gestión pública, un punto crítico para la validación de cualquier reforma propuesta que busque un equilibrio entre desarrollo y conservación. En este contexto, es fundamental que el Estado asuma una postura clara y coherente, evitando que intereses individuales prevalezcan sobre el bienestar del medio ambiente y el interés colectivo.
Ante tal escenario, la propuesta de integrar el DRC a las APE, permitiendo la construcción de viviendas bajo estrictas condiciones de conservación, surge como una solución viable. Dado que el DRC otorga un carácter permanente y exigible al compromiso de protección del ecosistema, permite que los propietarios mantengan parte de sus derechos sobre la propiedad, mientras se asegura la preservación del medio ambiente. De esta forma, se podría establecer que hasta un 5% de los terrenos APE permita la construcción de viviendas, siempre y cuando se respete una correcta planificación y se garantice la protección del restante 95%. Este enfoque integrador podría sentar las bases para una nueva relación entre los propietarios y la gestión territorial, enfatizando la responsabilidad compartida en la conservación de los ecosistemas.
La implementación de esta propuesta requeriría un esfuerzo concertado entre las autoridades competentes, con el objetivo de revisar y adaptar el PRMS a las realidades ambientales y sociales actuales. No obstante, si el Gobierno opta por la inacción, perpetuará la incertidumbre y el aprovechamiento irregular de los recursos territoriales. La presión para regular adecuadamente la construcción en áreas protegidas es cada vez más urgente, no solo por los intereses de los propietarios, sino también por el compromiso de Chile con la conservación del medio ambiente. Así, la colaboración entre el Minvu, la Contraloría y otros organismos competentes se vuelve esencial para restaurar la confianza en la administración pública y garantizar un desarrollo urbano que realmente respete y proteja los espacios ecológicos del país.
