Los ejercicios militares de guerra, como «Estrella Austral 2025», son una preocupación creciente en Chile. Estos ejercicios, que se llevan a cabo con la participación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ponen de manifiesto la relación militar que Chile mantiene con este país, una relación que tiene raíces históricas en el golpe de Estado de 1973. A pesar de ser un ejercicio que involucra a diversas naciones, la implicación de fuerzas armadas estadounidenses genera inquietud en un contexto donde la historia de intervención y apoyo a dictaduras en América Latina sigue presente. Las prácticas de «combate urbano» junto al Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros alimentan una retórica de militarización que podría tener consecuencias graves para la sociedad chilena.
En un mundo marcado por conflictos geopolíticos, la perpetuación de estas actividades bélicas es preocupante. Continuar enfocados en estrategias de «combate» es, en esencia, fomentar un enfoque militar sobre la resolución pacífica de conflictos que podrían abordarse desde el diálogo y la negociación. El gasto militar en Chile, que alcanza cifras alarmantes de más de 5.100 millones de dólares, es una evidente desviación de recursos que podrían destinarse a solucionar necesidades urgentes como la educación, la salud y la inclusión social. En lugar de participar en maniobras bélicas que solo perpetúan la violencia, Chile debería invertir en el bienestar de su población, priorizando la paz y la seguridad humana.
Además, la asociación militar de Chile con Estados Unidos encierra un legado de complicidad en violaciones de derechos humanos. El apoyo de Estados Unidos a la dictadura chilena es un capítulo oscuro en la historia del país que no puede ser ignorado. Más preocupante aún es la complicidad de este mismo país en los crímenes de guerra que se llevan a cabo en Palestina, donde las armas estadounidenses alimentan un conflicto que ha cobrado miles de vidas. La inacción de muchos gobiernos ante esta situación es alarmante, y Chile, como nación soberana, debe reflexionar sobre sus alianzas y la ética detrás de sus decisiones de política exterior.
El reciente anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el retiro de los agregados militares de la Embajada de Chile en Israel es una señal positiva, pero no suficiente. Chile debe dar un paso firme hacia la ruptura total de relaciones diplomáticas con un Estado como Israel, que está cometiendo lo que muchos consideran un genocidio sistemático contra el pueblo palestino. La justicia y la paz deben ser la prioridad en la política exterior chilena, y eso implica tomar decisiones valientes que reflejen un compromiso con los derechos humanos en el mundo.
Finalmente, es esencial que Chile actúe con determinación para cerrar toda colaboración con empresas israelíes en materia militar y garantizar que sus puertos no faciliten el tráfico de armamento que pueda ser utilizado en conflictos bélicos en cualquier parte del mundo. La única forma de avanzar hacia un futuro de paz es declarar a Chile y América Latina como zonas de paz, promoviendo la solidaridad internacional con comunidades oprimidas como la palestina. Es hora de que Chile asuma un papel activo en la lucha por la justicia y los derechos humanos, dejando atrás prácticas que contradicen estos principios.
