El Parlamento húngaro aprobó este lunes una enmienda constitucional que prohíbe las marchas del Orgullo LGTBI+, priorizando la «protección de la infancia» sobre derechos fundamentales como el de reunión y libertad de expresión. La reforma, impulsada por el primer ministro Viktor Orbán y su partido Fidesz, fue respaldada por 140 votos en un Parlamento de 199 escaños. Esta decisión ha desencadenado una ola de protestas y una fuerte sanción por parte de diversas organizaciones europeas que ven en ello una violación de los principios democráticos y de los derechos humanos.
La enmienda establece que «el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, salvo el derecho a la vida». Esta justificación sirve como base para restringir el derecho de reunión y permite la creación de un marco legal que considera como «peligrosas» las marchas que promuevan la diversidad sexual o el cambio de género. Con esta acción, el gobierno de Orbán ha dado un paso más en su política de nacionalismo extremo, que busca imponer una visión conservadora y homogénea de la sociedad húngara.
El proceso de votación estuvo marcado por tensiones, donde activistas del partido liberal Momentum intentaron frenar la medida bloqueando parcialmente la plaza Kossuth. A mediados de marzo, el Fidesz ya había introducido medidas para vetar asambleas que desafiaran las normas de «protección infantil». Estas restricciones incluyen multas de hasta 490 euros y el uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar a los participantes, una medida que ha sido tachada de represiva por sus críticos, quienes consideran que atenta contra los derechos ciudadanos.
Desde la aprobación de la enmienda, miles de húngaros han salido a las calles en señal de protesta, mientras 22 embajadas europeas han mostrado su preocupación por las restricciones a la libertad de reunión pacífica y expresión. Organizaciones de derechos humanos y activistas LGTBI+ han criticado enérgicamente a las autoridades húngaras, denunciando un intento sistemático de silenciar las voces disidentes y eliminar a la comunidad LGTBI+ del discurso público, tal como afirmó Dorottya Rédai, activista de la Comunidad Lesbiana Labrisz.
El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha declarado que Bruselas investigará la enmienda, reafirmando que el derecho a manifestarse pacíficamente es un valor fundamental de la Unión Europea. A pesar de la nueva legislación, los organizadores de la marcha del Orgullo en Budapest han confirmado su intención de seguir adelante con el evento programado para el 28 de junio, desafiando las prohibiciones impuestas. En paralelo, el gobierno húngaro ha reconocido constitucionalmente solo dos sexos, excluyendo otras identidades de género, lo que se suma a un marco legislativo que ha ido restringiendo progresivamente los derechos LGTBI+ en el país durante la última década.
