Frente a la creciente preocupación por el impacto ambiental del fracking en México y América Latina, diversas organizaciones ambientales han establecido un llamado urgente al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se prohíba esta polémica práctica de extracción de hidrocarburos. Grupos de activistas, incluidos colectivos de pueblos originarios, han manifestado su deseo de que las políticas públicas se enfoquen en garantizar la justicia ambiental y la protección del derecho al agua, amenazado por el avance de esta técnica, que utiliza grandes cantidades de agua y puede contaminar tanto acuíferos como suelos.
Entre las organizaciones que están presionando para que se adopte una postura firme contra el fracking se encuentran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) y la Alianza Mexicana contra el Fracking. Estas agrupaciones han alertado sobre los riesgos que enfrentan las comunidades a partir de la posible perforación de hasta 15,000 nuevos pozos no convencionales en el país. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha dicho que esta expansión podría agravar la crisis ambiental y desencadenar problemas aún mayores de acceso al agua para numerosas regiones, especialmente en el norte del país.
Actualmente, México ya cuenta con 7,879 pozos de fracking, según la organización Carto Crítica. La posible apertura de miles de pozos adicionales pone en riesgo a áreas vulnerables como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde el acceso al agua es limitado y los ecosistemas son especialmente frágiles. Manuel Llano, activista dedicado a la defensa ambiental, ha expresado que esta expansión podría comprometer la salud de numerosas comunidades, además de generar daños irreversibles al medio ambiente.
El rechazo de la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking por parte del Congreso del país ha dejado un vacío en el compromiso ambiental del Gobierno actual. Beatriz Olivera, portavoz de la Alianza, recordó que el compromiso había sido promovido durante la campaña electoral anterior y solicitó a la presidenta Sheinbaum que retome esta cuestión prioritaria en su agenda. La imposibilidad de avanzar en esta propuesta refleja una falta de consistencia en las políticas del Gobierno relacionadas con la protección del medio ambiente.
Las voces de comunidades como Ojital Viejo, representadas por líderes como Romualdo García, evidencian los estragos causados por la industria petrolera. García denunció la contaminación del agua y de las tierras agrícolas a causa de derrames de Pemex, lo que ha provocado enfermedades en jóvenes y afectado la calidad de vida en su comunidad. El activista Ramón García del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño hizo un llamado a la presidenta Sheinbaum para que lidere la lucha por la justicia socioambiental y la lleve a foros internacionales. Subrayó la necesidad de coherencia entre las políticas energéticas y los compromisos climáticos del país, instando a un enfoque que respete los derechos de las comunidades y el medio ambiente.
