En un giro inesperado de los acontecimientos, el caso de Giovanny Lillo Maltés, un funcionario de Gendarmería vinculado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, ha generado polémica luego de que se informara que no se encontraba en prisión, a pesar de la citación a una audiencia judicial. Según reportes de BioBioChile, el acusado, quien debía asistir a un procedimiento simplificado, había sido liberado un día antes, lo que contradice la orden emitida por el tribunal correspondiente. La situación plantea serias dudas sobre la gestión de autoridades penitenciarias y sus procedimientos.
La historia de Lillo no es nueva en los registros judiciales, ya que en 2021 fue denunciado por intentar estafar a un vendedor de una camioneta, haciéndole creer que había depositado casi $10 millones por el vehículo. Este intento de fraude tuvo lugar en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, y a pesar de contar con un cargo formal, el acusado logró evadir la justicia durante años, siendo declarado prófugo a fines del año pasado. El pasado 12 de julio, las autoridades finalmente lo detuvieron en Temuco, lo que despertó la atención de la opinión pública.
El 13 de julio, cuando se esperaba que Lillo estuviera bajo control de las autoridades penitenciarias para una audiencia, la encargada del Juzgado de Garantía de Los Lagos, Juana Mardones, se enteró de que el imputado no se encontraba en la prisión, ni en ningún otro centro del país. Este hecho, destacado por la jefa de Unidad de Sala, reveló una posible brecha en los protocolos de ingreso de traslados de detenidos, provocando un escándalo que terminó con la toma de decisiones rápidas por parte del sistema judicial.
Tras este incidente, el juez Andrés Riveros solicitó un informe a la cárcel de Temuco, tratando de esclarecer si se había recibido y ejecutado correctamente la orden de ingreso del imputado el 12 de julio. Mientras tanto, la situación ha llevado a que dos gendarmes sean apartados de sus funciones mientras se investiga el proceso de liberación irregular de Lillo. Este caso se suma a otros recientes, donde individuos involucrados en narcotráfico y crímenes serios han sido liberados en circunstancias cuestionables, generando inquietud sobre la eficacia y la integridad del sistema de justicia penal chileno.
Desde Gendarmería, la respuesta ha sido escasa, limitándose a no hacer comentarios sobre los acontecimientos. La falta de comunicación y transparencia en la gestión de estos casos genera cada vez más críticas hacia la institución. Este episodio pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos penitenciarios y judiciales en el país, especialmente considerando que la confianza del público en el sistema de justicia está en juego. La situación de Giovanny Lillo Maltés es un claro indicador de los fallos que pueden existir en un sistema que debería proteger la ley y el orden.
