En un histórico fallo judicial, el Estado de Chile fue condenado a indemnizar a un exbasquetbolista por los daños sufridos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La sentencia del Sexto Juzgado Civil de Santiago establece que el fisco deberá pagar $80.000.000 a R.E.C.T., quien fue víctima de torturas sistemáticas, incluidas descargas eléctricas y abusos sexuales, a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) entre 1973 y 1983. Este caso subraya la grave situación de violaciones de derechos humanos que muchos chilenos padecieron durante el régimen militar, y busca, aunque tardíamente, ofrecer algún tipo de reparación a las víctimas de esos crímenes de lesa humanidad.
La magistrada Rommy Müller Ugarte, al pronunciarse sobre el caso, rechazó las solicitudes del fisco de prescripción y de reparación integral, subrayando la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El tribunal determinó que el sufrimiento de R.E.C.T. configuran un daño moral que requiere una reparación adecuada. Desde su detención sin orden judicial en 1973, el exbasquetbolista vivió una serie de abusos que marcaron su vida y su salud física y mental, un testimonio inquietante de la brutalidad del régimen que trató de silenciar a quienes se oponían a su dictadura.
R.E.C.T., militante de las Juventudes Comunistas y destacado jugador de baloncesto, se convirtió en blanco de la represión tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. A partir de su primera detención en octubre de 1973, fue llevado a diferentes recintos donde fue sometido a golpizas y torturas físicas. La relación de los hechos ha revelado un patrón de violencia sistemática que se ejercía no solo sobre el detenido, sino también sobre su familia, que sufrió el allanamiento de su hogar y la destrucción de sus bienes.
El sufrimiento psicológico de R.E.C.T. incluye secuelas de angustia y miedo que han perdurado más allá de su liberación. El tribunal destacó que estas experiencias traumáticas, como torturas físicas y psíquicas, no solo generan magulladuras anímicas, sino que también afectan profundamente el bienestar de las víctimas a lo largo del tiempo. La justicia chilena finalmente se ha hecho eco de las voces que claman por reconocimiento y reparación a quienes fueron víctimas de la violencia del Estado en tiempos oscuros de la historia del país.
Este fallo no solo se limita a ofrecer una compensación económica; también representa un paso hacia la restauración de la dignidad de los sobrevivientes de la dictadura y la validación de sus experiencias. La decisión judicial, además, establece un precedente importante para futuros casos relacionados con derechos humanos en Chile, reafirmando la responsabilidad del Estado en la reparación a las víctimas y la búsqueda de justicia. La indemnización se ajustará de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo que garantiza que se reconozca el impacto inflacionario en la compensación debida.
