La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido objeto de críticas contundentes en el contexto de la administración Trump, que ha adoptado un enfoque agresivo hacia el fortalecimiento de su hegemonía a nivel global. A pesar de que la ONU fue concebida después de la Segunda Guerra Mundial para promover la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional, las políticas impulsadas por Estados Unidos bajo la dirección de Trump reflejan un desprecio por los principios que rigen esta institución. El mandatario instituyó una retórica belicista, cuestionando la legitimidad de la ONU y desprestigiando sus objetivos en un intento palpable de reestructurar el orden internacional en beneficio de sus intereses. Esta actitud prodigiosa denota un distanciamiento notable de los compromisos adquiridos por Estados Unidos en el ámbito multilateral.
El comportamiento del gobierno estadounidense ha violado repetidamente las normativas del derecho internacional, con un enfoque selectivo que justifica acciones unilaterales en nombre de la seguridad nacional y la defensa de intereses económicos. Casos como el apoyo a medidas genocidas contra la población palestina dan cuenta de este doble rasero, donde se ignoran sistemáticamente las resoluciones de la ONU y se promueve un relato que victimiza a Estados Unidos frente a una supuesta conspiración global. Esta lógica de ‘nós contra ellos’ es desconstructiva y erosiona los cimientos de la diplomacia internacional, llevando al mundo hacia una mayor polarización y radicalización.
Durante su segundo mandato, Trump intensificó su rechazo a las instituciones internacionales al revocar la participación de Estados Unidos en organismos como la Corte Penal Internacional, deslegitimando aún más la capacidad de la ONU para operar de manera efectiva. Con argumentos infundados, proclamó que la corte no tenía autoridad sobre su país, lo que implicó una erosión de la confianza no solo en la ONU, sino también en el sistema internacional de justicia. Esto es emblemático de un viraje hacia un unilateralismo que pone en cuestión la validez de acuerdos y tratados, deslindándose de las responsabilidades históricas de Estados Unidos en la construcción de un orden mundial justo.
Las acciones de Trump también generaron tensiones en las relaciones con los países de América Latina, donde sus políticas agresivas estimulaban un clima de temor y sumisión. La amenaza de un despliegue militar en el Canal de Panamá, así como la denigración de sus relaciones con México, revelan un afán expansionista que recuerda episodios del neocolonialismo. La falta de respuesta de los gobiernos latinoamericanos y de organismos como la OEA demuestra la fragilidad del liderazgo regional frente a las ambiciones estadounidenses, somete a estas naciones a una lógica de dependencia y amenaza constante que refuerza la hegemonía de Washington en la región.
A medida que avanza esta narrativa beligerante, la ONU se muestra, en efecto, como una entidad desprovista de poder real para actuar contra las violaciones sistemáticas del derecho internacional que se cometen bajo la administración de Trump. Organismos como UNESCO, ACNUR y otros quedan paralizados frente a una crisis humanitaria creciente y una guerra de agresiones que invaden regiones completas. La falta de acción consolidada por parte de la ONU no solo pone en evidencia su incapacidad, sino que invita a reflexionar sobre su futuro y la necesidad de construir nuevas estructuras que promuevan una verdadera igualdad entre naciones. En palabras de quienes miran con escepticismo a la institución, parece llegar el momento de transformar el orden mundial en uno que responda a las realidades contemporáneas y no a las aspiraciones de una única nación.
