Por Claudio Bonilla. Profesor Titular, FEN Universidad De Chile.
En julio de este año, y en el contexto de la discusión sobre el alza de las tarifas eléctricas, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que congelarlas ‘sin ningún ajuste durante cinco años fue hacerse trampa en solitario’. Del mismo modo, en el contexto de la reforma previsional, pretender que un préstamo de los afiliados al Estado no es equivalente a recibir un ‘vale por’ en una cuenta nocional es otra trampa en solitario.
Escuché con atención una entrevista en la que el ministro explicaba las razones del porqué el préstamo no sería otra versión de la cuenta nocional. Su argumentación fue que existen dos razones: primero, que el aporte a la cotización del empleador va transformándose en un certificado para el afiliado que se le agregará cuando se jubile; y, segundo, que el certificado está respaldado por activos, pues’ existe una obligación del Fisco de aportar año a año al Fondo de Acumulación y Garantía’.
El primer argumento es exactamente la definición de una cuenta nocional, por tanto, no hay mucho más que decir. Quizás, solo basta comentar que, si las condiciones de rentabilidad del certificado son peores que las del mercado, los afiliados sufrirán un daño previsional ocasionado por el mismo préstamo.
El segundo argumento es más interesante, pues de alguna forma descansa en la idea de que los recursos del Fisco son los activos de respaldo que harían al Fondo de Garantía sostenible. Así, se reconoce de forma explícita que, dadas las garantías propuestas para los afiliados, el fondo no sería sostenible por sí mismo y, en consecuencia, tarde o temprano, el Fisco tendrá que subsidiarlo con recursos públicos. Es decir, todo cambia en la forma (ahora sería un préstamo) para que nada cambie en el fondo, pues sigue la lógica de reparto, entregándole poder al mundo político para que administre el nuevo fondo de Acumulación y Garantía.
Es un dato por todos conocidos que los sistemas de reparto presentan serios problemas de sostenibilidad financiera. Además, los países que los implementaron vienen devuelta tratando de fortalecer el ahorro individual como forma de frenar los déficits fiscales que dichos sistemas generan. ¿Por qué insistir con la misma idea?, ¿por qué disfrazar la lógica de reparto que se quiere implementar con un préstamo cuya devolución depende de los recursos públicos futuros?
El destino del 6% es clave para las futuras pensiones, abrir la puerta a un reparto parcial y edulcorado con un préstamo de los afiliados no resuelve el problema de fondo, que es la imposibilidad de tener sostenibilidad en el sistema, lo cual llevará en el futuro a: no pagar los ‘vale por’, o cambiar los parámetros de la distribución del 6%, incrementando el porcentaje que se asigna a reparto, exponiendo aún más a las pensiones al juego de la política.
Mejorar y expandir la PGU, flexibilizar el régimen de inversión, avanzar en seguros de cotizaciones ante lagunas, extender el tiempo de duración de la licitación de afiliados nuevos entre varios otros cambios específicos, junto con destinar el 6% a capitalización individual es técnicamente mejor que cualquier alternativa parcial de reparto. Solo falta que el Ejecutivo lo reconozca para destrabar la reforma de una vez por todas.
Fuente: Diario Financiero
