La Corte de Apelaciones de Santiago ha dado un paso decisivo en el caso del exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Antonio Guerra, al acoger hoy la querella de capítulos en su contra. La decisión, tomada por la Séptima Sala del tribunal, fue unánime y se basa en una serie de alegaciones graves, incluyendo cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa. Este fallo permite que la investigación, liderada por el Ministerio Público, avance, dando un respiro a quienes han cuestionado el accionar de Guerra durante su tiempo en el cargo.
En su resolución, la Corte subrayó que Guerra, en calidad de fiscal regional, tenía la responsabilidad de tomar decisiones críticas en investigaciones penales, lo que le confería un poder significativo en la conducción de estos procesos. La corte resalta que las decisiones tomadas por el exfiscal no solo afectan a los imputados, sino que también tienen repercusiones en los querellantes, lo que subraya la importancia de su actuación dentro de un sistema de justicia que debe ser ejemplar y transparente.
La resolución detalla las diversas acciones que se atribuyen a Guerra, tales como la solicitud de salidas alternativas y la modificación de imputaciones en casos de gran connotación pública. Según el tribunal, estas actuaciones presentan un ejercicio de potestades decisionales que son inherentes a su rol, pero que, en este caso, se cuestionan por su aparente desvinculación con la evidencia y los estándares legales necesarios para su justificación. Casos emblemáticos como el ‘Caso Iván Moreira’ y el ‘Caso Penta’ fueron mencionados en la resolución, destacando la gravedad de las acusaciones.
La Corte, además, abordó el concepto de «manifiestamente injusto» en las decisiones de Guerra, señalando que estas carecían de justificación razonable y omitían hechos relevantes que debieron ser considerados. Esta falta de alineación con principios fundamentales que rigen el actuar del Ministerio Público plantea serias interrogantes sobre la integridad de las decisiones adoptadas bajo su autoridad. Aun reconociendo la discrecionalidad en el ejercicio del poder fiscal, la Corte enfatiza que dicha facultad no es ilimitada.
Finalmente, el tribunal decidió declarar admisibles todos los capítulos de la querella interpuesta por el Ministerio Público, lo que permite que la causa continúe su curso. Esta decisión también extiende su efecto a las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y otros querellantes, consolidando así un marco de cooperación en la búsqueda de justicia. Con este fallo, la Corte de Apelaciones de Santiago no solo reafirma la importancia del control en la administración de justicia, sino también la necesidad de rendición de cuentas por parte de quienes ocupan cargos públicos.
