Recientemente, en la comuna de Las Condes, funcionarios de seguridad municipal detectaron un vehículo con encargo por robo, lo que desencadenó una persecución policial que se extendió hasta La Reina, en colaboración con Carabineros de Chile. Este incidente se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública y la efectividad de las respuestas policiales ante este tipo de delitos. La rápida actuación de los efectivos sugiere un compromiso por parte de las autoridades para mantener el orden y responder ante situaciones de riesgo, sin embargo, también reabre el debate sobre los protocolos de persecución vehicular y los posibles peligros para la comunidad.
Debido a la frecuencia de incidentes como el anterior, Carabineros de Chile ha decidido avanzar en la estandarización de protocolos para las persecuciones de vehículos, buscando así minimizar los riesgos tanto para los equipos policiales como para los civiles involucrados. A finales de marzo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, aprobó una orden general que establece un reglamento simplificado para los procedimientos de persecución vehicular, lo cual representa un paso importante hacia una acción más coordinada y eficaz en situaciones de emergencia. Esta iniciativa también se enmarca dentro de la Ley Naín-Retamal, que otorga a los funcionarios ciertas exenciones de responsabilidad penal en el contexto de estas persecuciones.
La nueva normativa de Carabineros se enfoca en cuatro principios claves que buscan profesionalizar la conducción de las patrullas policiales durante tales operativos. Una de las principales innovaciones es la clasificación de las persecuciones en tres niveles: el primero corresponde a vehículos robados; el segundo a delitos flagrantes, y el tercero a ataques armados. Este enfoque escalonado busca proporcionar un marco claro para la toma de decisiones, asegurando que la respuesta policial sea adecuada al tipo de amenaza que se enfrenta y priorizando la seguridad pública.
En cuanto al procedimiento inicial de una persecución, el reglamento estipula que el funcionario de mayor rango en la patrulla deberá tomar la decisión de proceder, tras evaluar factores críticos como el tráfico, las condiciones climáticas y el entorno. Además, es fundamental que la Central de Comunicaciones (Cenco) esté informada y pueda coordinar la operación, esto garantiza que se administren los recursos de manera eficaz y que se minimicen los riesgos para los civiles. Solo vehículos policiales debidamente identificados estarán autorizados para participar, lo que incluye camionetas, radiopatrullas y SUV, excluyendo aquellos sin distintivos institucionales.
Por último, cada nivel determinado por la nueva normativa indicará cómo debe llevarse a cabo la intervención, estableciendo que la respuesta sea gradual y proporcional a la situación. En el caso de que una persecución inicialmente clasificada como nivel 1 se transforme en un ataque armado, deberá ser escalada a nivel 3 para asegurar una respuesta adecuada. La coordinación de Cenco será vital en la supervisión de cada operación, permitiendo la interrupción o cancelación de las persecuciones en caso de que se evalué que los riesgos superan los beneficios, garantizando así un enfoque responsable ante la seguridad pública.
