El Gobierno Regional del Biobío ha decidido abrir un sumario interno en su Unidad Jurídica después de detectar que la administración anterior, dirigida por Rodrigo Díaz, no notificó los actos administrativos relacionados con la restitución de 990 millones de pesos adeudados por la Fundación ProCultura al Estado. Sergio Giacaman, actual gobernador y representante del independiente-UDI, ha expresado su descontento al revelar que hace más de 14 meses se anunció una demanda para recuperar estos fondos, pero que esta nunca se concretó. Además, Giacaman destacó que la demanda presentada tenía serios problemas de formulación, lo cual agrava la situación.
El gobernador ha manifestado su intención de tomar cartas en el asunto de manera decidida, asegurando que se presentará una nueva demanda bien fundamentada y que se llevará a cabo la notificación correspondiente. Para ello, la autoridad buscará colaboración del Gobierno Regional de Santiago, un ente que se caracterizó por actuar de acuerdo a protocolos establecidos en tales circunstancias. Giacaman enfatizó la importancia de esclarecer las responsabilidades administrativas en esta negligencia que afecta a los recursos públicos, los cuales podrían ser utilizados para abordar problemas críticos en la región y el país.
La situación ha generado una ola de indignación entre los diputados de la región, quienes consideran inaceptable que haya quedado solo en intenciones el anuncio de recuperación de esos casi mil millones de pesos de recursos públicos. La diputada Marlene Pérez (ind-UDI) ha calificado de injustificable la falta de acción por parte del anterior gobierno, subrayando que la omisión no es solo un error administrativo sino una falta grave en la gestión de los dineros públicos. Pérez ha instado al GORE a ser diligente en la restitución de estos fondos y ha de exigir un ejercicio exhaustivo del sumario para determinar las responsabilidades.
Por su parte, el diputado Eric Aedo de la DC ha alimentado el debate al afirmar que el caso de ProCultura se presenta como una vergüenza nacional y especialmente para la Región del Biobío. Según Aedo, los recientes escándalos de corrupción revelan un patrón en el que los recursos destinados a la cultura y al bienestar público se habrían desviado para financiar prácticas ilícitas vinculadas a partidos políticos regionales. Ha manifestado su esperanza de que la justicia realice una investigación exhaustiva para desenmascarar la corrupción que ha afectado a múltiples gobiernos regionales, describiendo la situación como un fraude al fisco de dimensiones alarmantes.
El escándalo en torno a ProCultura no solo pone en tela de juicio la administración anterior, sino que también reabre el debate sobre la supervisión y el manejo de los fondos públicos destinados a iniciativas culturales y sociales. Los actores políticos y sociales en la región esperan que las acciones tomadas por Giacaman y su equipo no sean meras declaraciones de intenciones, sino que se traduzcan en un cambio real en las prácticas de rendición de cuentas y en una mejora en la transparencia al manejar recursos que pertenecen al Estado y, por ende, a todos los ciudadanos.
