La académica de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Macarena Díaz de Valdés, ha abordado la problemática que enfrentan los compradores de viviendas en Chile al intentar recuperar los dineros entregados en reserva durante el proceso de compraventa. Su análisis se centra en la importancia de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, que protege a los usuarios en situaciones donde las empresas incumplen con las devoluciones pactadas. Esta situación ha generado preocupación en un amplio sector de la población, evidenciando la necesidad de una mayor protección y cumplimiento por parte de las inmobiliarias en sus compromisos.
Díaz de Valdés subrayó que, aunque las condiciones específicas pueden variar según los contratos de reserva o promesas de compraventa, los derechos de los consumidores están siempre protegidos por la legislación vigente. «Cualquier cláusula de renuncia a esta facultad o a eventuales indemnizaciones de perjuicios constituirían una cláusula abusiva», declaró la abogada, enfatizando que los consumidores deben estar conscientes de sus derechos al momento de hacer cualquier entrega de dinero en un proceso de compraventa.
La discusión sobre cláusulas abusivas también cobra sentido en el contexto actual, donde cientos de consumidores atraviesan largos periodos de espera para la devolución de montos significativos. Según datos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), más de 380 personas han denunciado retrasos en la devolución de dineros vinculados a diversas iniciativas inmobiliarias en varias regiones del país. La académica destacó la urgencia de abordar estos incumplimientos, ya que los retrasos no solo afectan a individuos, sino que provocan un impacto considerable en sus economías familiares.
Ante los problemas de devoluciones que enfrentan los consumidores, Díaz de Valdés también explicó las vías de acción que están a disposición de quienes se ven perjudicados. En caso de que las gestiones extrajudiciales para la recuperación de montos no arrojen resultados, los afectados pueden optar por acciones judiciales. Esta posibilidad, respaldada por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, es vital para equilibrar la balanza en la relación comercial entre las empresas y sus clientes.
La académica hizo énfasis en la importancia de que los consumidores sean educados sobre sus derechos y las herramientas legales que tienen a su disposición. «Es esencial que las personas comprendan que pueden cuestionar en los tribunales las cláusulas que consideren abusivas», afirmó. Este conocimiento empoderará a los consumidores y les permitirá exigir un cumplimiento adecuado de los acuerdos, contribuyendo así a un mercado inmobiliario más justo y transparente.
